Una inspección del ministerio de Comercio Interior (MINCIN) del régimen cubano, realizada durante la primera semana de septiembre, resultó en el cierre de 58 negocios por no cumplir con lo establecido para el uso de canales electrónicos para el pago de bienes y servicios.
Inalvis Smith Lubén, viceministra del MINCIN, ofreció declaraciones a Granma en las que informó del cierre de 58 establecimientos, 17 retiros de la Autorización Comercial, y 384 multas por un importe total de 1,044,515 pesos. El 71 % de las acciones se concentraron en trabajadores por cuenta propia (52 %) y los establecimientos del sistema de Comercio de subordinación local (19 %).
Más de 500 infracciones detectadas
De forma general, se cuantificaron 506 infracciones, con 459 medidas aplicadas, precisó Smith Lubén. La inspección, realizada entre el 2 y el 6 de septiembre, abarcó 1,767 establecimientos (695 estatales y 1,072 particulares), con el objetivo de verificar lo dispuesto por el Banco Central de Cuba (BCC) en sus resoluciones 93 y 111.
Además, se realizaron 602 acciones de intervención en áreas de comercialización relevantes y en mercados agropecuarios, donde las autoridades llamaron a potenciar el uso de plataformas de pagos digitales para avanzar en el proceso de bancarización emprendido para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
A punto de cumplirse un año de publicada la resolución 93, Smith Lubén recordó que lo estipulado en ella concierne a “las empresas estatales y las unidades presupuestadas, todas las modalidades de inversión extranjera, las cooperativas no agropecuarias y las agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los trabajadores por cuenta propia, los productores agropecuarios independientes, los proyectos de desarrollo local y las formas asociativas no lucrativas que hacen comercio”.
Medidas anteriores y controversias
En abril, el régimen cubano cerró 476 negocios por no permitir el uso de canales electrónicos para el pago. A pesar del elevado número, la titular del MINCIN, Betsy Díaz Velázquez, dijo que la cifra de establecimientos cerrados era aún “insuficiente”, porque en algunas provincias “el nivel de enfrentamiento (a los infractores) es bajo”.
Asimismo, denunció que había proliferado la práctica por “entidades no estatales” de cobrar al cliente un gravamen de un 10 y 15 % por usar un canal electrónico y que también se producían pagos a cuentas de personas y no a la del negocio donde se realiza la compra. También se retiraron licencias en 380 establecimientos y se impusieron multas, que consideró de cuantía insuficiente. “Las multas serán cuantiosas y a los cierres les vamos a poner término también. Tiene que haber un rigor”, amenazó.
En marzo, las autoridades del régimen cerraron 45 establecimientos que no cumplían con las indicaciones dictadas en la resolución 93, que se aprobó en noviembre pasado y establece la obligatoriedad de los comercios del país de facilitar a los consumidores los medios necesarios para el pago electrónico.
A pocos días de implementado el proceso de bancarización, muchos dueños de negocios privados rechazaron la obligatoriedad de realizar cobros mediante canales electrónicos, para así disponer del efectivo necesario para realizar pagos y otras operaciones. Así lo explicó en abril el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez (ministro-presidente del BCC cuando se aprobó la bancarización) en una reunión en la que afirmó que los “nuevos actores económicos” ofrecen “resistencia a la medida” de bancarizar las transacciones para los cobros y pagos.
Durante la reunión de balance del año 2023 del BCC celebrada en ese mes, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció el fracaso del proceso de bancarización emprendido en agosto de 2023, así como el fiasco que supone la tasa de cambio oficial que el régimen estableció para las divisas como parte del “ordenamiento económico y monetario”.