Las solicitudes de refugio de los ciudadanos cubanos que llegan a Uruguay han crecido hasta las 20,000 pendientes, según informó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, a un medio local.
El diplomático explicó que el caso de los cubanos se diferencia del de los venezolanos, otro grupo cuyas solicitudes también van en aumento, porque necesitan visa para ingresar a Uruguay y utilizan la figura del refugio para poder quedarse. En muchos casos, estas solicitudes terminan siendo denegadas, según reportó el medio Subrayado.
Políticas para aliviar la situación
Albertoni puntualizó que el gobierno uruguayo ha implementado dos políticas para solucionar la problemática: una es la residencia por arraigo para los ciudadanos cubanos, y la otra es un proceso simplificado de refugio para el caso de los venezolanos, quienes cuentan con 3,800 solicitudes.
“Cuando solicitan un refugio político es porque realmente lo están necesitando”, afirmó Albertoni, aunque esto no necesariamente significa que le será concedido. “No es que a todos se les dará, sino que la respuesta de sí o no les va a llegar más rápido, porque a veces sucedía que estaban dos años esperando la respuesta”, indicó el subsecretario.
En la nación sudamericana, los pedidos de regularización por parte de los cubanos se han vuelto frecuentes. "No más visa para iniciar trámite de residencia", han reclamado los afectados en diversas oportunidades, durante manifestaciones tanto frente a la Presidencia como a la cancillería uruguaya.
Unos 5,000 cubanos están en un “limbo migratorio” en Uruguay, pues no tienen estatus de refugiados y tampoco pueden renunciar a la solicitud de refugio para tramitar la residencia permanente que les permitiría la reunificación familiar.
En mayo del presente año, el gobierno de Uruguay firmó un decreto que permitirá a miles de cubanos en ese país resolver su situación migratoria. La normativa fue firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, y permitirá a los indocumentados legalizarse a través de la "residencia por arraigo", una figura legal que beneficia a los solicitantes de refugio que no cumplían con las condiciones para serlo.