El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba ha cerrado negocios y retirado proyectos de trabajo a 368 "actores no estatales" entre el 17 y el 23 de agosto, como parte de una continua cruzada de control gubernamental sobre el sector privado.
Una semana de represión económica
En solo siete días, el gobierno ordenó el cierre de 171 establecimientos y la terminación de 197 proyectos de emprendedores particulares. Además, se llevaron a cabo 58 decomisos de productos y 773 ventas forzosas debido a supuestas "violaciones detectadas".
El MFP justificó las sanciones argumentando causas como "comercializar productos sin exponer los precios, no mostrar la licitud de las materias primas usadas en la prestación de servicios, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y el empleo de personal sin la contratación correspondiente", según informó el diario oficial del régimen, Granma.
Las "acciones de control" del organismo gubernamental estuvieron dirigidas a detectar violaciones de precios, inspección fiscal y bancarización, como parte de una campaña de fiscalización del sector privado que se ha intensificado en las últimas semanas.
Normativas restrictivas y sus consecuencias
Durante esta semana, las autoridades aseguraron que las principales violaciones fueron el incumplimiento de los precios aprobados por el Comité de Contratación y Concertación de Precios y los regulados en la Resolución 225/2024 del MFP. Esta normativa, vigente desde julio, fija los precios minoristas de seis productos básicos de alta demanda: pollo troceado, aceite comestible (excepto el de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.
Desde su implementación, las autoridades han incrementado los operativos de control para detectar violaciones de precios en el sector no estatal y sancionar a los infractores. Hasta la fecha, se han realizado 157,331 acciones de control fiscal, determinando adeudos por un total de 2,999,390,000 pesos.
Además, se efectuaron 49 auditorías fiscales con un importe de 58,605,000 pesos y 2,772 operaciones de fiscalización con un importe de 886,314,000 pesos. Las autoridades supervisaron el cumplimiento de las obligaciones de 154,510 contribuyentes, de los cuales 99,871 habían subdeclarado, acumulando una deuda de 2,054,471,000 pesos.
A mediados de julio, tras la entrada en vigor de los precios topados en los negocios privados, el primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró que el objetivo del gobierno no es cerrar negocios indiscriminadamente, sino persuadir a los comerciantes para que cumplan con las regulaciones establecidas. Sin embargo, a poco más de un mes de implementada la Resolución 225/2024, se ha intensificado la cruzada del régimen sobre el sector privado.
Entre las consecuencias, la población ha denunciado la "desaparición" de muchos productos con precios fijos de las ofertas de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Asimismo, persisten las quejas sobre las tiendas estatales en moneda libremente convertible (MLC), que mantienen sus exorbitantes precios, inaccesibles para la mayoría de los cubanos.
Manuel Marrero Cruz afirmó en julio que los precios topados se establecieron para frenar su crecimiento descontrolado, aunque reconoció que aún no reflejan una adecuada relación entre precios y salarios. También admitió que las tiendas en MLC venden a precios iguales o incluso más altos que las mipymes.