Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, expresaron su preocupación por la falta de transparencia en las recientes elecciones presidenciales en Venezuela y urgieron al gobierno de ese país a publicar datos desglosados y verificables de las elecciones para restablecer la credibilidad del proceso.
Durante dos días de conversaciones telefónicas, los mandatarios discutieron la situación en Venezuela, concluyendo que la normalización política del país solo se puede lograr a través del diálogo pacífico y el reconocimiento de la diversidad democrática.
Ambos líderes se ofrecieron, junto con México, como mediadores de la crisis venezolana, pero no han expresado reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente electo a pesar de que ya el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo ratificó como ganador de los comicios sin presentar pruebas.
Lula da Silva y Petro hicieron un llamado a todas las partes involucradas para evitar actos de violencia y represión. El mexicano Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de estos dos países hace algunos días y dijo que esperaría al fallo del TSJ para tomar una postura sobre el tema.
Brasil y Colombia como mediadores activos
Como países vecinos y directamente afectados por la inestabilidad en Venezuela, Brasil y Colombia se mantienen como mediadores activos y reiteran su disposición para facilitar el entendimiento entre las partes en conflicto.
Además, recordaron los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Barbados, los cuales subrayan la necesidad de transparencia y diálogo entre el chavismo y la oposición.
Ambos países también expresaron su oposición a la continuación de las sanciones unilaterales, las cuales, según ellos, contravienen el derecho internacional y afectan principalmente a las poblaciones vulnerables de los países sancionados.
Este pronunciamiento se produce en un momento crítico, donde la presión internacional sobre Venezuela ha aumentado debido a dudas sobre la integridad del proceso electoral.
Brasil y Colombia no se unieron a la declaración regional que incluye a EE. UU. y otros once países, que exigen la publicación inmediata de las actas debido a sospechas de fraude masivo en las elecciones.