El Gobierno cubano ha comunicado que implementará el "embargo preventivo" como una herramienta adicional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta decisión se toma en un contexto donde la evasión fiscal ha sido un tema de creciente relevancia en los últimos meses.
Políticas fiscales más estrictas
Durante una de las sesiones de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), realizada este miércoles 17 de julio, Vladimir Regueiro Ale, titular del Ministerio de Finanzas y Precios, presentó una propuesta para fortalecer el Sistema Tributario. Entre las medidas destacadas se encuentra la ampliación del alcance del embargo preventivo.
La propuesta incluye varias estrategias, tales como extender las definiciones de las responsabilidades de los retentores del impuesto sobre los ingresos personales, y establecer un importe mínimo para tramitar devoluciones de ingresos indebidos o en exceso. El periódico oficialista Granma reporta estas novedades, aunque omite discutir las causas y consecuencias que podrían derivarse de estas políticas.
¿Qué implica el embargo preventivo?
El embargo preventivo es una medida cautelar que busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente. Permite a la autoridad fiscal inmovilizar o retener bienes del contribuyente hasta que se resuelva la deuda tributaria pendiente.
Los puntos clave de esta medida incluyen garantizar el pago de deudas tributarias y prevenir que el deudor se deshaga de sus bienes antes de que la deuda sea cobrada. Este procedimiento, en muchas ocasiones, no requiere de una orden judicial previa; la administración tributaria notifica al contribuyente y a las instituciones pertinentes, como bancos, sobre el embargo.
Bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, salarios y derechos de crédito pueden ser embargados. La duración del embargo se mantiene hasta que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales, ya sea pagando la deuda o presentando las garantías necesarias.
Es crucial que el contribuyente sepa que tiene derecho a ser notificado del embargo, a impugnar la medida ante las autoridades competentes y a presentar pruebas en su defensa.
Controversias y antecedentes
El régimen ha tomado diversas medidas contra los evasores fiscales. En 2022, se restringió la salida al extranjero y la entrada al país a los contribuyentes con deudas significativas con el fisco. Esto se realizó mediante un convenio entre la ONAT y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior, amparado por la Ley No.113 del Sistema Tributario.
A mediados de 2024, el Gobierno impidió salir del país a 200 personas en Sancti Spíritus que supuestamente declararon menos ingresos de los que realmente tenían. En 2023, dos ciudadanos de Santa Clara fueron condenados por evasión fiscal por un monto que en conjunto superó los seis millones de pesos cubanos.
En los primeros cuatro meses de este 2024, la ONAT detectó una evasión fiscal que supera los 800 millones de pesos. Las irregularidades incluyen la desactualización, manipulación o alteración de libros, registros, submayores y otros modelos, así como la cancelación de cuentas por cobrar sin respaldo documental y la no declaración de la fuerza de trabajo contratada.