Amnistía Internacional (AI) ha designado como preso de conciencia al profesor y activista político cubano Pedro Albert Sánchez, haciendo un llamado urgente al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez para que lo libere “de forma inmediata e incondicional”.
La organización no gubernamental anunció esta decisión el lunes, justo antes del tercer aniversario de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba. En este contexto, AI también emitió una declaración exigiendo al régimen la “liberación de todas las personas injustamente encarceladas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Un llamado a la justicia
Entre los mencionados, se encuentran los presos de conciencia José Daniel Ferrer García, líder de oposición; los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo; y los sacerdotes yorubas Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro.
El comunicado de AI recordó que el profesor Albert, de 68 años, es conocido por sus críticas al régimen cubano y su defensa de la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde 2020, ha sido detenido en múltiples ocasiones por participar en protestas pacíficas y manifestar opiniones disidentes.
Por su participación pacífica en las manifestaciones del 11 de julio, el régimen lo acusó de los delitos de “desacato” y “desórdenes públicos”, por los cuales fue condenado a cinco años de cárcel.
AI denunció que, desde noviembre de 2023, el profesor permanece en prisión en “condiciones duras que han deteriorado aún más su salud, ya que sufre de cáncer y otras enfermedades”, por lo que emitió este 7 de julio una acción urgente, exhortando a personas de todo el mundo a exigir al gobierno cubano su liberación inmediata y sin condiciones.
Represión y violaciones de derechos humanos
La declaración de AI advierte, además, que el Estado cubano debe cesar la represión sistemática contra activistas, artistas, familiares de personas presas por razones políticas, intelectuales y periodistas, y como parte de ello, “derogar los artículos del Código Penal que criminalizan la disidencia y violan el derecho a la libertad de expresión”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, calificó de “inaceptable” que las autoridades cubanas sigan “utilizando tácticas represivas para silenciar a quienes se atreven a alzar la voz en defensa de sus derechos humanos. Esta represión constante para intentar sofocar cualquier forma de disidencia debe detenerse de una vez por todas”.
La ONG afirmó que la situación de derechos humanos en Cuba se sigue deteriorando, con un aumento de la represión y la criminalización de la disidencia. Desde que el régimen implementara nuevas disposiciones legales en 2022, entre las que se incluye el Código Penal, “se ha documentado un uso indebido de éstas para perseguir a personas que exigen o intentan ejercer libremente sus derechos”.
AI denunció prácticas sistemáticas de las autoridades, incluyendo la criminalización, detenciones arbitrarias, detenciones domiciliarias de facto y hostigamiento, citaciones y sanciones administrativas contra activistas, periodistas, y defensores de derechos humanos, así como cortes de internet en locaciones donde se ubican protestas espontáneas.
Uno de los casos más notorios es el de José Daniel Ferrer, quien ha sufrido confinamiento solitario en repetidas ocasiones desde agosto de 2021, con prolongados períodos bajo régimen de incomunicación desde el 17 de marzo de 2023; además, se le ha negado reiteradamente el derecho a recibir visitas de su familia.
AI también denunció las violaciones a los derechos humanos de la joven Mayelín Rodríguez Prado, el activista Wilber Aguilar Bravo, el músico Gorki Águila, el periodista Yuri Valle Roca y las historiadoras Alina Bárbara López y Jenny Pantoja, a quienes denominó “ejemplos de un patrón sistemático de represión en Cuba, donde la libertad de expresión y de reunión pacífica están gravemente restringidas”.
Johanna Cilano Pelaez, investigadora regional para el Caribe de la organización, subrayó que “el número de personas injustamente encarceladas y reprimidas por motivos políticos demuestra la urgente necesidad de desmontar las políticas y el marco legal que facilita la represión en Cuba”.
“Muchas de estas personas continúan tras las rejas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Su liberación inmediata e incondicional y el respeto a su derecho de disentir es esencial para garantizar los derechos humanos en el país”, advirtió.
Amnistía apuntó que, en los últimos tres años, organizaciones como Justicia 11J, Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han registrado entre 963 y 1,113 personas detenidas por razones políticas en Cuba. De ellas, al menos 671 continúan encarceladas por su participación en el estallido popular del 11 de julio.
“Las protestas en Cuba, impulsadas por una crisis económica persistente, la falta de acceso a servicios básicos, y reclamos de libertad y derechos, han sido respondidas con una sofisticada maquinaria represiva”, sostuvo AI, al tiempo que llamó al régimen de Díaz-Canel a respetar el derecho a la protesta pacífica, poner fin a la represión hacia quienes disienten y liberar a las personas injustamente encarceladas solo por exigir derechos humanos.