El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha exigido la liberación inmediata de 17 personas condenadas por las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, calificando sus detenciones de “arbitrarias” y contrarias a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Una decisión con peso moral y político
En su 99ª sesión celebrada en marzo y publicada recientemente, el grupo de trabajo, compuesto por cinco expertos independientes, también pidió que se conceda a estas 17 personas “el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, tienen un fuerte peso moral y político, según destacó la agencia EFE.
Los condenados son Ángel Serrano, Carlos Paul Michelena, Denis Ojeda, Felipe Almirall, Fredy Beirut, Katia Beirut, Luis Frómeta, Odet Hernández, Oscar Luis Ortiz, Reynier Reinosa, Robert Orlando Cairo, Roberto Pérez, Rolando Vázquez, Walnier Luis Aguilar (con discapacidad certificada), Wilmer Moreno, Yerandis Rillos y Yoandry Reinier Sayu.
Todos fueron detenidos entre el 12 y el 24 de julio de 2021 por participar en las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en San Antonio de los Baños y se extendieron por todo el país.
Detenciones discriminatorias y juicios irregulares
El grupo de trabajo de la ONU, presidido por el jurista neozelandés Matthew Gillett, concluyó que las detenciones fueron motivadas por razones discriminatorias debido a sus opiniones políticas. El informe también señaló varias irregularidades en el proceso judicial, como la ausencia de órdenes de arresto, falta de control judicial durante la detención inicial, y que policías y fiscales asumieron roles de jueces.
Los 17 prisioneros fueron condenados a entre 15 y 26 años de prisión, penas que posteriormente se redujeron a entre 8 y 18 años, entre otros cargos por el delito de “sedición”, el cual el organismo de la ONU considera “subjetivo e impreciso”.
Asimismo, el organismo denunció que la prisión provisional fue ordenada por fiscales sin posibilidad de apelación y que hubo interrogatorios bajo coacción sin representación legal. El grupo de trabajo también criticó que uno de los detenidos, Walnier Luis Aguilar, tiene discapacidad certificada y fue juzgado sin tener en cuenta su condición.
El informe no consideró la comunicación del Gobierno cubano sobre estos casos por ser enviada fuera de plazo. Además, recordó que Cuba no es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los tratados supervisados por este órgano de la ONU.
El régimen de La Habana condenó a más de 700 personas por las protestas del llamado 11J en juicios arbitrarios donde no se tomaron en cuenta testigos de la defensa.