La crisis económica en Cuba, la peor en los últimos 60 años, ha provocado que muchas personas vivan en condiciones de mendicidad, una triste situación que el régimen no soluciona y ante la cual, a menudo, actúa con total indiferencia. No obstante, la realidad que el gobierno cubano trata de ocultar es denunciada a diario en las redes sociales por los internautas.
Denuncias ciudadanas en redes sociales
Arianna Llana alertó este jueves en el grupo de Facebook "El Vedado de Hoy" sobre personas viviendo en condiciones de mendicidad en los bajos del complejo Galerías de Paseo, en La Habana.
"Es una pena que no haya ninguna institución que se ocupe de esto", apuntó la mujer, alertando que, a la vista de todos, estas personas viven en condiciones de mendicidad sin que las instituciones del régimen encargadas de solucionar estos problemas hagan nada.
La misma persona, una hora antes, también denunció una situación similar. "Bajo en busca del pan y me encuentro con este espectáculo muy feo, y no es la primera vez que lo veo", señaló la persona, denunciando una vez más la inacción del régimen cubano ante las consecuencias de la pobreza en la capital.
La realidad de la mendicidad en Cuba
La mendicidad en Cuba es una realidad que el gobierno no puede esconder como hacía en tiempos pasados. Los números de un año a otro, dan muestras de aumentos significativos en la extrema pobreza en la nación.
Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en Cuba se han registrado 3 mil 690 personas deambulantes entre el año 2014 y el 2023, recoge un reportaje del oficialista periódico Trabajadores, publicado en abril último.
Inflación y escasez de productos básicos resultan ingredientes esenciales en el aumento de la mendicidad en Cuba, un hecho que el régimen planea revertir con su (enésimo) plan para atender a “personas deambulantes”.
En calles donde pululan enfermos mentales, ancianos, personas con discapacidad y alcohólicos, el fenómeno es una realidad que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no puede esconder y, por lo cual, el Consejo de Ministros aprobó en mayo pasado la actualización de la política para su atención, luego de 10 años de instituida.