El régimen cubano tiene previsto limitar temporalmente los precios de seis productos básicos en la alimentación de los cubanos: el pollo, el aceite, las pastas, la leche en polvo, el detergente y las salchichas. Así lo adelantó la ministra de Finanzas, Lourdes Rodríguez, en una reunión reciente con representantes de Mipymes y de la Dirección General de Importación del Ministerio de Comercio Exterior.
Los emprendedores fueron elegidos a través de la Administración Tributaria. "Era la manera de llegar a cada uno de ustedes", dijo Rodríguez. En esa conversación, a la que ha tenido acceso CiberCuba, la ministra anunció que toparán el precio minorista de "seis renglones" que fueron elegidos, según dijo, a través de una encuesta en la que el picadillo le pisó los talones a las salchichas. Finalmente, se quedaron estas últimas porque el picadillo puede tener diferentes orígenes con grandes diferencias de precios entre unos y otros.
Detalles de los precios topados
De esta forma, el precio minorista máximo del pollo (paquete de muslos y contramuslos) se quedaría en 680 pesos el kilogramo (310 pesos la libra); la leche en polvo se comercializaría a un máximo de 1.675 pesos el kilogramo; las pastas (espaguetis, etc.) a 835 pesos el kilogramo; las salchichas a 1.045 pesos el kilogramo; el detergente en polvo, a 630 pesos el kilogramo y el aceite de soja a 990 pesos el kilo. Estos precios, aclaró la ministra, "se harán públicos previo a su aplicación".
La ministra de Finanzas asegura que esos precios los han definido después de analizar los costos de importación declarados por importadores privados en el segundo semestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. Un punto muy polémico para los representantes de las pequeñas y medianas empresas, que entienden que en un contexto internacional inestable, en el que los precios fluctúan mucho, es difícil ajustarse a lo que propone el Gobierno, pese a que alguno verbalizó su predisposición a hacerlo pensando en la población.
Sin embargo, pusieron sobre la mesa tres problemas estructurales de la economía cubana: la distorsión de la tasa de cambio, la presión fiscal sobre las Mipymes y la escasez de combustible que dificulta el transporte de mercancías dentro de la Isla e incluso para sacar los contenedores del Puerto del Mariel.
Medida temporal y sus implicaciones
En cualquier caso, la ministra les vendió el discurso de que estos topes de precios, que no son nuevos en la Isla, se aprueban ahora para contener el ritmo de crecimiento de los precios de la economía. No obstante, Rodríguez aclaró que se trata de una medida temporal porque la política de precios en el país camina hacia lo que ella llama "descentralización de precios", que no es otra cosa que respetar las leyes del mercado, donde los precios se regulan solos, dependiendo de la oferta y la demanda.
En teoría, la medida se adopta para contener también la inflación, que cerró el mes de mayo en Cuba en el 31%; casi 10 veces por encima del 2,6% de Europa y Estados Unidos, en el mismo mes. Para justificar que productos como el aceite, lejos de bajar de precio con los topes, se venda más caro, la ministra aclaró que esto se debe a que actualmente "se pueden estar arrastrando existencias que se adquirieron en determinado momento a precios más bajos".
Aunque admitió que es difícil vender los productos al mismo precio topado en toda la Isla, independientemente del coste del transporte (no es lo mismo llevar mercancía desde La Habana a Guantánamo, que distribuirla en la capital), dio por sentado que este problema no tiene una solución "para el día de mañana".
También se reconoció en esa reunión que hay escasez de productos como el pollo, el aceite y la leche en polvo, que a día de hoy "no se pueden encontrar en la Isla". A los emprendedores cubanos les preocupa el tema del transporte, del pago del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) pero también quisieron saber si las tiendas en MLC iban a seguir compitiendo con ellos, poniendo precios más caros, como sucede con muchos productos en la actualidad.
Al inicio del encuentro, la ministra de Finanzas hizo alusión a la nueva resolución que impone que las Mipymes proveedoras de empresas estatales no pueden ganar más de un 30% en el intercambio comercial que mantienen. Esta norma, publicada ya por la Gaceta Oficial, establece, en la jerga oficialista, la utilidad máxima del treinta por ciento (30%) en la contratación económica de las entidades estatales con las formas de gestión no estatal.
Obviamente, el Gobierno no lo vende como una limitación para las Mipymes sino para las empresas estatales. "No se restringe el ingreso a entidades no estatales sino el gasto de las estatales", dijo la ministra de Finanzas asegurando que en 2023 las empresas estatales pagaron 10.000 millones de pesos a las Mipymes y hasta mayo esa cifra rondaba ya los 4.000 millones de pesos. De continuar esta tendencia, el Estado cerraría el año en 12.000 millones de pesos en compras al sector privado.
Esta norma que limita las ganancias de las Mipymes al 30% entra en vigor este 1 de julio.