El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, expuso una supuesta estrategia corrupta en Cienfuegos, donde dirigentes dejaron deteriorarse empresas estatales de servicios para luego justificar su privatización. La revelación ocurrió el pasado sábado durante una visita gubernamental a la provincia.
Marrero Cruz pidió más mano dura contra los que cometen delitos e ilegalidades y criticó a ciertos dueños de Mipymes por hacerse "millonarios" a costa del erario público y extender la corrupción en el país. En su intervención, se refirió a una estrategia de funcionarios corruptos en Cienfuegos que habrían descapitalizado intencionalmente empresas estatales para justificar su privatización debido a su ineficiencia.
Privatización bajo la excusa de la ineficiencia
Marrero Cruz señaló la "descomercialización" de locales que pertenecían a “la mejor gastronomía de Cuba”, los cuales terminaron en manos de arrendatarios particulares. "Los dejamos deteriorarse, bajo la excusa de que hay pocos recursos, para después justificar que hay que privatizar", afirmó Marrero Cruz, según captaron las cámaras del Noticiero de la Televisión Cubana (NTV).
El reporte mostró solo un fragmento con las palabras del primer ministro, sin ampliar la información ni mencionar investigaciones, sospechosos o condenados. Marrero Cruz volvió a extender la sombra de la sospecha sobre dirigentes y “nuevos actores económicos” del país.
El opaco proceso de privatizaciones en Cuba
La llegada al poder del general Raúl Castro impulsó una transformación gradual del modelo comunista con mínimas aperturas a la iniciativa privada. Sin embargo, el reformismo de los "lineamientos" de Raúl no pasó de entregar un porciento mínimo de tierras ociosas a arrendatarios, en su mayoría vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y permitir la creación de nuevos trabajos por cuenta propia en sectores modestos.
A finales de mayo de 2014, el régimen aprobó un programa de desarrollo hasta 2030, descartando la privatización de empresas. Marino Murillo Jorge, conocido como el “zar” de las reformas económicas, subrayó la voluntad de mantener la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y lograr un modelo de desarrollo socialista eficiente.
La contradicción de la “continuidad”
En diciembre de 2019, Miguel Díaz-Canel insistía en que privatizar empresas no era el camino, afirmando que 2020 sería el año para desatar las fuerzas productivas sin confundirlo con privatización.
Sin embargo, en marzo de 2021, el Ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN) aprobó normativas permitiendo privatizar la gestión de establecimientos estatales de comercio, gastronomía y servicios. En noviembre de 2020, Reuters informó sobre los planes del régimen para gestionar de forma privada la mayoría de los restaurantes estatales.
En febrero de 2023, la prensa oficialista celebraba la apertura de una sodería-hamburguesera como ejemplo del “encadenamiento productivo” entre una empresa estatal y una privada, ilustrando la creciente tendencia hacia la privatización de locales del sector de la gastronomía.
El sí pero no de la “continuidad”
En octubre de 2023, Díaz-Canel rechazaba las acusaciones de neoliberalismo, defendiendo que sus políticas eran socialistas y orientadas a la justicia social. “Seguimos compartiendo una canasta básica con todos”, afirmó, rechazando las críticas al “paquetazo” de medidas económicas de su gobierno.
Mientras tanto, el defenestrado ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, sostenía en marzo de 2022 que planificar pérdidas no podía continuar y que la empresa estatal debía ser rentable y eficiente.
El economista Elías Amor opinaba en agosto de 2020 que la privatización de la economía cubana era necesaria para que el país volviera a funcionar, subrayando que debía ser un proceso abierto, transparente e informado, y no basado en conchabeos y capitalismo de amiguetes.