Inflación y escasez de productos básicos resultan ingredientes esenciales en el aumento de la mendicidad en Cuba, un hecho que el régimen planea revertir con su (enésimo) plan para atender a “personas deambulantes”.
En calles donde pululan enfermos mentales, ancianos, personas con discapacidad y alcohólicos, el fenómeno es una realidad que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no puede esconder y, por lo cual, el Consejo de Ministros aprobó en mayo pasado la actualización de la política para su atención, luego de 10 años de instituida.
Responsabilidades municipales
La renovada norma ratifica la “responsabilidad de los Consejos de la Administración Municipal en la prevención, atención, control, seguimiento y toma de decisiones” en relación con las personas que presenten “conducta deambulante”, explicó la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera.
Entre las acciones previstas destaca la creación este año de un Centro de Protección Social en Las Tunas, el cual se sumará a los ya establecidos en Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba.
De acuerdo con Feitó, en este tipo de instituciones las personas con “conducta deambulante” son evaluadas clínicamente y atendidas por equipos multidisciplinarios, capacitados para tratar lo que denominó un “trastorno del comportamiento humano multicausal, que constituye un modo de vida caracterizado por inestabilidad e inseguridad del lugar de permanencia, carencia de autocuidado y autonomía económica, así como de proyecto de vida favorable”, y en el que “habitualmente se evidencia transgresión de las normas de convivencia y de disciplina social”.
Datos alarmantes
La funcionaria gubernamental reveló que en los mencionados centros de protección social se atiende a más de 3,700 personas. De ellas, “el 87 % son hombres; el 50% se encuentra entre 41 y 59 años; el 30 % son personas en situación de discapacidad; el 24 % tiene algún trastorno psiquiátrico; el 30 % mantiene patrones elevados de consumo de bebidas alcohólicas; y el 38 % son menores de 60 años que no tienen domicilio al cual regresar”, según los datos citados por la ministra.
Anteriormente, cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicadas por el semanario Trabajadores indicaban que entre 2014 y 2023 se registraron 3,690 individuos en estas condiciones; no obstante, la realidad económica y social de la isla apunta a un incremento más allá de las estadísticas oficiales, pues no incluye a aquellos que por diferentes razones recurrieron a la mendicidad en las iglesias, ante los turistas o buscan en la basura su sustento.
Protocolo de actuación
Con la política actualizada se propone diseñar el protocolo de actuación para la detección, información y traslado de personas “deambulantes”, así como la evaluación de los territorios donde no existen centros para su atención, con el fin de extender la red.
Igualmente, la normativa dispone la remisión al centro educacional o sanitario más cercano a los menores de edad que se detecten deambulando, para certificar su estado de salud, proveerles los servicios requeridos e informar a las autoridades, mientras que los gobiernos provinciales deberán facilitar el acceso a la rehabilitación, ofertas de empleo, cursos de capacitación, subsidios, vivienda y facilidades temporales para aquellos menores de 60 años y sin domicilio.
El viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di Lella dijo que el proceso de recogida de las personas con estas conductas debía realizarse con “integralidad”, pues los centros de protección social son para atenderlos, no para tenerlos en régimen penitenciario provisional.
El objetivo fundamental es reinsertarlos con sus familias, “exigir la responsabilidad familiar que muchas veces se pierde”, aunque reconoció que “existen personas que están solas y son responsabilidad del Estado, para eso están las instituciones establecidas”.
Quizás, esta actualización de una política que lleva una década en marcha sin resultados alentadores, desdibuje el panorama que actualmente presenta Cuba, ubicada en el ranking internacional como el país más pobre de América Latina, según el observatorio DatoWorld.
Y las expectativas sobre una mejoría se desvanecen al tenerse en cuenta el bajo poder adquisitivo, la emigración, el envejecimiento, la escasez de alimentos y medicinas, así como las medidas ejecutadas por el gobierno central que menoscaban el bienestar de su población.