El régimen cubano está preparando una nueva Ley para restringir aún más el acceso a la información pública en la isla, según informó este martes la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). El proyecto de ley de la "Transparencia y el Acceso a la Información Pública" será discutido por los diputados de la ANPP y está disponible en el sitio del Parlamento para su revisión.
Restricciones bajo el manto de la transparencia
La norma pretende "regular la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, así como establecer las obligaciones que deben cumplir sus responsables", según la prensa oficialista. Aunque el anteproyecto reconoce que la Constitución de la República dispone que todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir información veraz del Estado, también subraya la necesidad de instrumentar mecanismos que "garanticen el acceso de la ciudadanía a la información de la Administración Pública" y protejan la información que podría poner en riesgo la defensa y seguridad nacional.
El artículo 21 del anteproyecto menciona varias "excepciones al acceso a la información pública", incluyendo la información clasificada o limitada que, de divulgarse, podría constituir un daño a la soberanía, la defensa y la seguridad nacional, entre otros aspectos.
Por su parte, el artículo 22.1 establece que los sujetos obligados realizarán una prueba de daño para determinar si la divulgación de la información solicitada representa un riesgo real a un interés protegido.
Opiniones de expertos
Expertos cubanos han reaccionado a la propuesta de la ANPP. El abogado Eloy Viera señaló que "la supervivencia de los regímenes totalitarios se basa, entre otras características, en su opacidad y en la capacidad de mantener la información pública lejos del alcance de la ciudadanía". Según Viera, el régimen cubano ha manejado con extrema cautela cualquier normativa relacionada con la transparencia y el derecho de acceso a la información.
En un artículo publicado en El Toque, Viera menciona que no se contempla un órgano garante que vele por el cumplimiento de la legislación, a diferencia de otros países como México, Argentina y Chile, que cuentan con instituciones especializadas en este ámbito.
Sin embargo, el anteproyecto señala que será el Citma el organismo responsable de algunas de las funciones de los órganos garantes, aunque no se especifican las facultades concretas que este organismo tendrá.
La nueva Ley tiene como objetivo, según el régimen, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública mediante la aplicación de métodos comunes de regulación de los sistemas institucionales, patrimoniales y personales de gestión documental y archivos. No obstante, muchos ven esta iniciativa como otro intento del régimen para mantener el control y limitar el acceso a la información pública.